En el marco del derecho internacional, las personas refugiadas son aquellas que se han visto obligadas a abandonar su país de origen para salvaguardar su vida, integridad física o libertad debido a graves amenazas o persecuciones.

Las persecuciones o amenazas pueden tener relación con el origen étnico, las creencias religiosas, la nacionalidad, las convicciones políticas o la pertenencia a determinado grupo social; sin embargo, también pueden ser resultado de conflictos, violencia o alteraciones del orden público.

Las personas refugiadas cuentan con la protección del derecho internacional y, si su vida o su libertad corren peligro, no deben ser enviadas de vuelta a su país de origen.

En el mundo hay 35,3 millones de personas refugiadas; más de la mitad son menores de edad. El número total de personas desplazadas en el mundo suma 108,4 millones. Esta cifra no solo incluye personas refugiadas, sino también solicitantes de asilo y personas desplazadas al interior de sus propios países.

El 86% de las personas refugiadas en el mundo – incluidas las personas refugiadas y migrantes de Venezuela – ha sido acogido por países de renta media o baja.

Türkiye, por ejemplo, ha dado acogida a 3,7 millones de personas refugiadas, es decir, más que cualquier otro país; le siguen Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania, cada uno de los cuales ha acogido a más de un millón de personas.

El derecho internacional define y protege a las personas refugiadas; es decir, aquellas que requieren “protección internacional” por encontrarse fuera de su país de origen debido al temor de ser perseguidas, o bien debido a conflictos, violencia u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden público en su país de origen.

En contraste, el término “migrante” no se define en el derecho internacional y, en ocasiones, recibe distintos usos. Por lo regular, esta palabra se ha utilizado para hacer referencia a las personas que cruzan fronteras por elección, mas no para escapar de conflictos o persecuciones; los motivos pueden ser laborales, educativos, familiares (encontrarse con la familia) o de otra índole.

Algunas personas pueden migrar para superar dificultades que surgen a raíz de desastres naturales, hambrunas o pobreza extrema. Quienes dejan su país por estos motivos no caen en la categoría de “refugiados” conforme al derecho internacional.

Las personas solicitantes de asilo son aquellas que solicitaron o se están preparando para solicitar asilo en otro país con el fin de recibir protección internacional. Sin embargo, aún no se ha determinado de manera contundente si estas personas necesitan protección. Si bien no se considera que todas las personas solicitantes de asilo sean refugiadas, tampoco se les puede enviar de vuelta a su país de origen hasta que no se haya tomado una determinación concluyente.

Las personas refugiadas no pueden volver a su lugar de origen mientras su vida corra peligro por conflictos o persecuciones. Sin embargo, tampoco están del todo seguras en el país al que huyeron. El reasentamiento consiste en la selección y traslado de personas refugiadas a un tercer país que ha convenido admitirlas y otorgarles residencia permanente; de ese modo, se garantiza que no habrá devolución y que las personas refugiadas reasentadas y sus dependientes gozarán de derechos similares a los que tiene la ciudadanía del país que las recibe. El reasentamiento ofrece también la oportunidad de naturalización. 

El término “apatridia” se refiere a la condición en la que se encuentran las personas que no tienen la nacionalidad de ningún país, es decir, aquellas a las que ningún Estado ha reconocido, de pleno derecho, como su nacional. Las personas apátridas suelen enfrentar retos considerables en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, una persona apátrida no tiene permitido ir a la escuela, recibir atención médica, conseguir un empleo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa ni contraer matrimonio.